MODIFICACIÓN CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EN LA SEGURIDAD SOCIAL

MODIFICACIÓN CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EN LA SEGURIDAD SOCIAL

resumen y texto íntegro LEY ORGANICA 7/2012 – BOE 28-12-2012 -

ENTRADA EN VIGOR: a los 20 días de su completa publicación en el BOE

RESUMEN – COMPARATIVA ARTICULOS MODIFICADOS 

Efectos de la declaración tributaria especial (DA única LO 7/012)

 Se entenderán declaradas dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo respecto de cada período impositivo en el que deban imputarse, las rentas inicialmente no declaradas regularizadas a través de la declaración tributaria especial prevista en la DA primera del Real Decreto-ley 12/2012.

LO Régimen Electoral General. Adecuación de las causas de inelegibilidad (DF Primera LO 7/2012)

Las causas de inelegibilidad contenidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/1985 se adecuarán, mediante la oportuna modificación legislativa, a las derivadas de las infracciones que en materia de buen gobierno se incluyan, en su caso, en normas de rango legal.

Modificaciones en la LO 10/1995 del Código Penal: delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (Artículo Primero LO 7/2012)

Modificaciones en la LO 10/1995 del Código Penal

Modif. Art.31 bis.5 párrafo primero.

Las disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas serán aplicables a los partidos políticos y sindicatos. Suprime la referencia a los mismos que estaba contenida dentro de la excepción de aplicación del régimen de responsabilidad.

Delito contra la Hacienda Pública – modificación del Art. 305

Destacamos de la exposición de motivos:

“Una primera modificación ha consistido en configurar la regularización de la situación tributaria como el verdadero reverso del delito de manera que, con la regularización, resulte neutralizado no sólo el desvalor de la acción, con una declaración completa y veraz, sino también el desvalor del resultado mediante el pago completo de la deuda tributaria y no solamente de la cuota tributaria como ocurre actualmente.

“Esta modificación se complementa con la del apartado 4 relativa a la regularización suprimiendo las menciones que la conceptuaban como una excusa absolutoria.”

“Se introduce un nuevo apartado (5) que permite a la Administración Tributaria continuar con el procedimiento administrativo de cobro de la deuda tributaria pese a la pendencia del proceso penal.”

“Con relación a la determinación de la cuota tributaria defraudada (apartado 2 y 3), la reforma introduce dos modificaciones relevantes. De una parte, aclara que la cuantía defraudada en el ámbito de ingresos de la Hacienda de la Unión Europea se determinará por relación al año natural. De otra parte, se introduce una regla especial para poder perseguir las tramas de criminalidad organizada de forma inmediata desde el momento en el que la defraudación supere la cuantía mínima determinante del delito.”

“Se prevé también una atenuación de la pena (apartado 6) cuando los presuntos responsables de los delitos reconocen su comisión y satisfacen íntegramente la deuda tributaria o bien colaboran con las Autoridades para la averiguación de los hechos y, en su caso, la identificación o captura de otros responsables, siempre y cuando tal reconocimiento, pago y cooperación se produzcan en un breve lapso de tiempo.”

Art.305   Código Penal

versión   anterior

Art.305 Código   Penal

Versión por LO   7/2012

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública   estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades   retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o   disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de   la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a   cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o   disfrutados exceda de ciento veinte mil euros, será castigado con la pena de   prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada   cuantía.

 

 

 

Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán en su   mitad superior cuando la defraudación se cometiere concurriendo alguna de las   circunstancias siguientes:

a) La utilización de persona o personas interpuestas de manera   que quede oculta la identidad del verdadero obligado tributario.

b) La especial trascendencia y gravedad de la defraudación   atendiendo al importe de lo defraudado o a la existencia de una estructura   organizativa que afecte o puede afectar a una pluralidad de obligados   tributarios.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la   pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del   derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social   durante el período de tres a seis años.

«1. El que, por acción u omisión, defraude   a la Hacienda    Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el   pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o   ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando   beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota   defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o   de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o   disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de   prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada   cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria   en los términos del apartado 4 del presente artículo.

 

La mera presentación de declaraciones   o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por   otros hechos.

 

 

 

 

 

 

 

Además de las penas señaladas, se   impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones   o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos   fiscales o de la    Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

 

 

2. A los efectos de determinar la cuantía   mencionada en el apartado anterior, si se trata de tributos, retenciones,   ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se   estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si   éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al   año natural.

 

 

 

 

En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada   uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible   de liquidación.

2. A los efectos de determinar la   cuantía mencionada en el apartado anterior:

 

a) Si se trata   de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de   declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o   de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo   defraudado se referirá al año natural. No   obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo   en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades   que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin   desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo   momento en que se alcance la cantidad fijada en el apartado 1.

b) En los demás supuestos, la cuantía   se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un   hecho imponible sea susceptible de liquidación

3. Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas   en el apartado 1 de este artículo se cometan contra la Hacienda de la Comunidad Europea,   siempre que la cuantía defraudada excediera de 50.000 euros. 3. Las mismas penas se impondrán   cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este artículo se cometan   contra la Hacienda   de la Unión Europea,   siempre que la cuantía defraudada excediera de cincuenta mil euros en el plazo de un año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se   lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas   o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin   desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo   momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado.

 

Si   la cuantía defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil,   se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al   triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener   subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o   incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis   meses a dos años.

 

4. Quedará exento de   responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en   relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este   artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración   tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la   determinación de las deudas tributarias objeto de regularización, o en el   caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el   Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración   autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia   contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción   realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la   iniciación de diligencias.

 

 

 

 

 

 

 

 

La exención de   responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior   alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles irregularidades   contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a   la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido   con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.

4. Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado   tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria,   antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado   el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la   determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el   caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el   Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración   autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia   contra aquél dirigida, o antes de   que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le   permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

 

Asimismo,   los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resultarán   aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el   derecho de la    Administración a su determinación en vía administrativa.

 

La   regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá   que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras   falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria   objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo   a la regularización de su situación tributaria.

  5. Cuando la Administración    Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito   contra la Hacienda    Pública, podrá liquidar de forma separada, por una parte   los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible   delito contra la    Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren   vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública.

 

La liquidación indicada en primer   lugar en el párrafo anterior seguirá la tramitación ordinaria y se sujetará   al régimen de recursos propios de toda liquidación tributaria. Y la   liquidación que en su caso derive de aquellos conceptos y cuantías que se   encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública   seguirá la tramitación que al efecto establezca la normativa tributaria, sin   perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal.

 

La existencia del procedimiento penal   por delito contra la    Hacienda Pública no paralizará la acción de cobro de la   deuda tributaria. Por parte de la Administración    Tributaria podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al   cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado   la suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía.   Si no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el   Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si   apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy   difícil reparación.

  6. Los Jueces y   Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la   pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos   meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria   y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable   respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o   del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de   pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables,   para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la   averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables   del delito.
5. En los procedimientos por el delito contemplado en este   artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil,   que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la Administración    Tributaria no haya podido liquidar por prescripción u otra   causa legal en los términos previstos en la Ley General   Tributaria, incluidos sus intereses de demora, los jueces y tribunales   recabarán el auxilio de los servicios de la Administración    Tributaria que las exigirá por el procedimiento   administrativo de apremio en los términos establecidos en la citada ley. 7. En los procedimientos por el   delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y   la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria   que la Administración    Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra causa   legal en los términos previstos en la    Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre,   incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el   auxilio de los servicios de la Administración    Tributaria que las exigirá por el procedimiento   administrativo de apremio en los términos establecidos en la citada Ley.»

Delito contra la Hacienda Pública – nuevo tipo agravado del Art.305 bis:

 Destacamos de la exposición de motivos:

“se prevé un nuevo tipo agravado en el artículo 305 bis para tipificar las conductas de mayor gravedad o de mayor complejidad en su descubrimiento, que se sancionan con una pena máxima de seis años, lo que, por aplicación del artículo 131 del Código Penal, llevaría aparejado el aumento del plazo de prescripción a diez años para dificultar la impunidad de estas conductas graves por el paso del tiempo.

Se consideran supuestos agravados aquellos en los que la cuantía de la cuota defraudada supere los seiscientos mil euros, límite cuantitativo apuntado por la jurisprudencia; aquellos en los que la defraudación se comete en el seno de una organización o de un grupo criminal; o en los que la utilización de personas, negocios, instrumentos o territorios dificulte la determinación de la identidad o patrimonio del verdadero obligado tributario o responsable del delito o la cuantía defraudada. Con la referencia expresa a paraísos fiscales y territorios de nula tributación se dota de mayor certeza y seguridad jurídica al precepto toda vez que se trata de conceptos ya definidos en la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

Establece pena de prisión de 2 a 6 años y multa del doble al séxtuplo y además la imposibilidad de obtener subvenciones públicas, beneficios fiscales o de la Seguridad Social.

Acceder al texto del Art.305 bis

Delito contra la Hacienda Pública – modificación del Art. 306 –

Destacamos de la exposición de motivos:

“Además, se modifica la redacción del artículo 306 del Código Penal para aclarar la diferencia de la conducta típica con la prevista en el apartado 3 del artículo 305, y para refundir los actuales artículos 306 y 309 en un solo precepto. Los casos en los que la defraudación no alcance los cincuenta mil euros pero supere los cuatro mil euros son castigados como delitos en el apartado 3 del artículo 305 y en el artículo 306, desapareciendo la tipificación como falta de los actuales artículos 627 y 628.”

Derogación expresa del art.309, 627 y 628 del Código Penal.

Art.306-309-627-628   Código Penal

versión   anterior

Art.306 Código   Penal

Versión por LO   7/2012

306. El que por acción u omisión   defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u   otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil euros,   eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar, o dando a los fondos   obtenidos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, será   castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al   séxtuplo de la citada cuantía.

309. El que obtenga indebidamente   fondos de los presupuestos generales de la Unión Europea u   otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil euros,   falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la   hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años   y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. (derogado por LO 7/2012)

627 El que defraudara a la Hacienda de la Comunidad Europea   más de 4.000   euros, por   cualquiera de los procedimientos descritos en el artículo 305, será castigado   con multa de uno a dos meses. (derogado por LO 7/2012)

628. El que defraudare a los presupuestos generales de la Comunidad Europea,   u otros administrados por ésta, u obtuviera indebidamente fondos de las   mismas, por alguno de los procedimientos descritos en los artículos 306 y   309, en cuantía superior a 4.000 euros, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses. (derogado por LO 7/2012)

El que por acción u omisión   defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u   otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil euros,   eludiendo, fuera de los   casos contemplados en el apartado 3 del artículo 305, el pago de   cantidades que se deban ingresar, dando a los fondos obtenidos una aplicación   distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo indebidamente   fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las   que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a   cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.

 

 

 

 

 

 

Si   la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil   euros, pero excediere de   cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o   multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad   de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los   beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social   durante el período de seis meses a dos años.»

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social – modif. Art. 310 bis

Destacamos de la exposición de motivos:

“Por último, se modifica el artículo 310 bis del Código Penal debido a la necesidad de armonizar la penalidad impuesta a las personas jurídicas responsables de delitos contra la Hacienda Pública, con la ya prevista para las personas físicas responsables de los mismos delitos, de suerte que, de un lado, se introduce en la letra b) la pena de multa del doble al cuádruple en los supuestos agravados cuya regulación se propone en el nuevo artículo 305 bis y, de otro lado, se añade un nuevo segundo párrafo en el que se prevé la imposición a las personas jurídicas responsables de estos delitos de las penas que la letra f), del apartado 7 del artículo 33 prevé con carácter general y que ya el apartado 1 del artículo 305 impone para las personas físicas.”

Art.310   bis Código Penal

versión   anterior

Art.310 bis Código   Penal

Versión por LO   7/2012

Cuando de   acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea   responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las   siguientes penas:

 

a) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito   cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de   dos años.

b) Multa de   seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendidas   las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán   asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

«Cuando de acuerdo con lo   establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los   delitos recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes penas:

 

a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o   indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene   prevista una pena de prisión de más de dos años.

b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o   indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene   prevista una pena de prisión de más de cinco años.

c) Multa de seis meses a un año, en   los supuestos recogidos en el artículo 310.

Además   de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de   la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a   gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social   durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para   contratar con las Administraciones Públicas.

Atendidas las reglas establecidas   en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las   penas recogidas en las letras b), c),   d), e) y g) del apartado 7 del artículo 33.»

Delitos contra la Seguridad Social – modificación del Art.307

Destacamos de la exposición de motivos:

 “se reforma el artículo 307 del Código Penal a los efectos de reducir a cincuenta mil euros la cuantía que establece el tipo delictivo como condición objetiva de punibilidad.

 “También es frecuente que en los supuestos de defraudación en los que intervienen personas interpuestas, precisamente, la presentación de documentos de cotización aparentemente correctos forma parte del engaño. Por ello, se ha añadido un último inciso para aclarar que la mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación si ésta queda acreditada por otros hechos. “

“se ha considerado procedente recoger de modo expreso la imposición al responsable de las penas accesorias de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cuya duración variará en atención a la gravedad del tipo.

 “De forma paralela al delito contra la Hacienda Pública, se configura la regularización de la situación ante la Seguridad Social como el reverso del delito que neutraliza completamente el desvalor de la conducta y el desvalor del resultado, de modo que hace desaparecer el carácter delictivo del inicial incumplimiento de la obligación con la Seguridad Social.”

El nuevo apartado 4 permite continuar con el procedimiento administrativo de liquidación y cobro de la deuda pese a la pendencia del proceso penal.

El nuevo apartado 5 prevé la atenuación de la pena cuando los presuntos responsables de los delitos reconocen su comisión y satisfacen íntegramente la deuda o bien colaboran con las Autoridades para la obtención de pruebas u otro tipo de averiguaciones.

El nuevo apartado 6 contempla el auxilio de los servicios de la Seguridad Social. 

Art.307   Código Penal

versión   anterior

Art.307 Código   Penal

Versión por LO   7/2012

1. El que, por acción u omisión, defraude   a la Seguridad    Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos   de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas   o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma   indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones   o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros será castigado   con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de   la citada cuantía.

 

 

 

 

 

 

Las penas señaladas en el párrafo   anterior se aplicarán en su mitad superior cuando la defraudación se cometa   concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

a) La utilización de persona o   personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad del verdadero   obligado frente a la    Seguridad Social.

b) La especial trascendencia y   gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo defraudado o a la   existencia de una estructura organizativa que afecte o pueda afectar a una   pluralidad de obligados frente a la Seguridad Social.

2. A los efectos de   determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior, se estará a lo defraudado en cada liquidación,   devolución o deducción, refiriéndose al año natural el importe de lo   defraudado cuando aquéllas correspondan a un período inferior a doce meses.

3. Quedará   exento de responsabilidad penal el que regularice su situación ante la Seguridad Social,   en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de   este artículo, antes de que se le haya notificado la iniciación de   actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas deudas o, en   caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el   Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social   interponga querella o denuncia contra aquél dirigida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La   exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará   igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales que,   exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo   pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su   situación.

1. El que, por acción u omisión,   defraude a la    Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y   conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de   las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de   forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las   devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros será   castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al   séxtuplo de la citada cuantía salvo que   hubiere regularizado su situación ante la Seguridad Social   en los términos del apartado 3 del presente artículo.

La mera presentación de los   documentos de cotización no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite   por otros hechos.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la   pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del   derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social   durante el período de tres a seis años.

 

 

 

 

 

 

 

2. A los efectos   de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior se estará al importe total defraudado durante   cuatro años naturales.

 

 

3 Se considerará regularizada la situación ante la Seguridad Social   cuando se haya procedido por el   obligado frente a la    Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de la   deuda antes de que se le haya notificado la iniciación de   actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas deudas o, en   caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el   Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social   interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de   Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de   la iniciación de diligencias.

Asimismo,   los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior, resultarán   aplicables cuando se satisfagan deudas ante la Seguridad Social   una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía   administrativa.

La   regularización de la situación ante la Seguridad Social   impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles   irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que,   exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo   pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su   situación.

 

4. La   existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social   no paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de   la deuda contraída con la    Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa   prestación de garantía. En el caso de que no se pudiese prestar garantía en   todo o en parte, el Juez, con carácter excepcional, podrá acordar la suspensión   con dispensa total o parcial de las garantías, en el caso de que apreciara   que la ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil   reparación. La liquidación administrativa se ajustará finalmente a lo que se   decida en el proceso penal.

5.   Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado frente a la Seguridad Social   o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que,   antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado,   satisfaga la deuda con la    Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo   anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito   distintos del deudor a la    Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren   activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o   captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos   delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social   o de otros responsables del delito.

 6. En los   procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución   de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de   la deuda frente a la    Seguridad Social que la Administración no   haya liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses   de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de   la Seguridad Social   que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.»

Delitos contra la Seguridad Social – nuevo tipo agravado en el Art.307 bis

Destacamos de la exposición de motivos:

“Se introduce, igualmente, un nuevo tipo agravado en supuestos de conductas especialmente graves por la cuantía eludida (+ de 120.000 €) u otras circunstancias concurrentes de especial entidad, como la utilización de sociedades o personas interpuestas para ocultar los verdaderos responsables del pago de las cuotas de Seguridad Social, y que justifican un mayor reproche penal. La agravación de la pena lleva aparejada la ampliación del periodo de prescripción del delito, fundamental en estos casos por su complejidad de difícil y tardía detección, y que con la ampliación de la pena máxima a seis años de prisión, uno más al actualmente vigente, amplía el plazo de prescripción a diez años.”

“recoger de modo expreso la imposición al responsable de las penas accesorias de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cuya duración variará en atención a la gravedad del tipo.”

Acceder al texto del Art.307 bis

Delitos contra la Seguridad Social – nuevo Art.307 ter para los comportamientos defraudatorios sobre PRESTACIONES:

Destacamos de la exposición de motivos:

“los castiga con una penalidad ajustada a la gravedad del hecho: prisión de seis meses a tres años en los supuestos ordinarios; multa del tanto al séxtuplo en los casos que no revistan especial gravedad; y prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo en los supuestos agravados (valor de la prestación > 50.000 €, entre otras). En todos los casos se prevé además la imposición al responsable de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

 “viene también a facilitar la persecución de las nuevas tramas organizadas de fraude contra la Seguridad Social que, mediante la creación de empresas ficticias, tienen por único fin la obtención de prestaciones del Sistema con la consiguiente agravación de la pena.”

El apartado 3 prevé la posibilidad de exención de responsabilidad criminal en los supuestos de reintegración con intereses antes de notificación del inicio de actuaciones inspectoras o de interposición de querella o denuncia o del inicio de determinadas actuaciones del MF o Juez.

El apartado 4 permite a la Seguridad Social continuar con el procedimiento administrativo de reintegro de  las  prestaciones indebidas  pese a la existencia del procedimiento penal. Tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración competente.

Acceder al texto del Art.307 ter

Delitos contra Seguridad Social –modif.Art.308–fraude subvenciones/ayudas:

Destacamos de la exposición de motivos:

 “Por ello, se reforma el artículo 308 del Código Penal para mantener dentro de la regulación del fraude de subvenciones únicamente las ayudas y subvenciones de las Administraciones Públicas cuando la cuantía supere la cifra de ciento veinte mil euros”.

 El nuevo apartado 6  permite a la Administración competente exigir el reintegro por vía administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas pese a la existencia del procedimiento penal. Tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración.

El nuevo apartado 7 prevé la atenuación de la pena en los supuestos de reintegro y reconocimiento judicial de los hechos.

Art.308   Código Penal

versión   anterior

Art.308 Código   Penal

Versión por LO   7/2012

1. El que obtenga subvenciones, desgravaciones   o ayudas de las Administraciones públicas de más de ciento veinte mil euros   falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la   hubiesen impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años   y multa del tanto al séxtuplo de su importe.

 

Para la determinación de la cantidad   defraudada se estará al año natural y deberá tratarse de subvenciones   obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable,   aunque procedan de distintas Administraciones o entidades públicas.

 

2. Las mismas penas se impondrán al   que, en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos de las   Administraciones públicas cuyo importe supere los ciento veinte mil   euros, incumpla las condiciones establecidas alterando sustancialmente   los fines para los que la subvención fue concedida.

 

 

3. Además de las penas señaladas, se   impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones   o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o   de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.

4.   Quedará exento de responsabilidad penal, en relación con las   subvenciones, desgravaciones o ayudas a que se refieren los apartados   primero y segundo de este artículo, el que reintegre las cantidades   recibidas, incrementadas en un interés anual equivalente al interés legal   del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que   las percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones   de inspección o control en relación con dichas subvenciones, desgravaciones o   ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes   de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la   Administración autonómica o local de que se trate interponga querella o   denuncia contra aquél dirigida.

La   exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior   alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades   instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de   regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la   regularización de su situación.

«1. El que obtenga subvenciones o   ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros   falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la   hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y   multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve   a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo.

Para la determinación de la   cantidad defraudada se estará al año natural y deberá tratarse de   subvenciones o ayudas obtenidas para el fomento de la misma actividad privada   subvencionable, aunque procedan de distintas administraciones o entidades   públicas.

 

2. Las mismas penas se impondrán al   que, en el desarrollo de una actividad sufragada   total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o   ayuda fue concedida salvo   que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este   artículo.

3. Además de las penas señaladas,   se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener   subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o   incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a   seis años.

5.   Se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1   y 2 cuando por el   perceptor de la subvención o   ayuda se proceda a devolver las   subvenciones o ayudas indebidamente   percibidas o aplicadas,   incrementadas en el interés   de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento   en que las percibió, y se lleve a cabo   antes de que se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación   o control en relación con dichas subvenciones o ayudas o, en el caso de que   tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio   Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración   autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra   aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción   realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la   iniciación de diligencias. El   reintegro impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles falsedades instrumentales que,   exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo   pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su   situación.

6.   La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los   apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente   exija el reintegro por vía administrativa de las subvenciones o ayudas   indebidamente aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá   fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que   finalmente se resuelva en el proceso penal.

El   procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración,   que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de   oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones   de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía   en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con   dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese   ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

7.   Los Jueces y Tribunales podrán imponer   al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos   grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación   judicial como imputado, lleve a cabo el reintegro a que se refiere el   apartado 5 y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente   aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado al   reintegro o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención   de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables,   para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la   averiguación del patrimonio del obligado o del responsable del delito.»

 

  • Delitos contra los derechos de los trabajadores - modif. Art.311 -

 

Art.311   Código Penal

versión   anterior

Art.311 Código   Penal

Versión por LO   7/2012

Serán castigados con las penas de   prisión de seis meses a tres años y multa de   seis a doce meses:

1.º Los que, mediante engaño o abuso   de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio   condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o   restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales,   convenios colectivos o contrato individual.

2.º Los que en el supuesto de   transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en   el apartado anterior, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.º Si las conductas reseñadas en los   apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o intimidación se   impondrán las penas superiores en grado.

«Serán castigados con las penas de   prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce   meses:

1.º Los que, mediante engaño o   abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio   condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o   restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales,   convenios colectivos o contrato individual.

 2.º   Los que den ocupación   simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta   en el régimen de la    Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la   correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores afectados sea al   menos de:

a)   el veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a   más de cien trabajadores,

b)   el cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a   más de diez trabajadores y no más de cien, o

c)   la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a   más de cinco y no más de diez trabajadores.

 

3.º Los que en el supuesto de   transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en   los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por   otro.

 

4.º Si las conductas reseñadas en   los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o intimidación se   impondrán las penas superiores en grado.»

 Falsificación de certificados  - modif. Art.398 -

«La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos años.

(se añade) Este precepto no será aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.»

 Delitos contra Administración Pública. De la malversación– nuevo art.433 bis – penas para las autoridades o funcionarios públicos –

Destacamos de la exposición de motivos:

“Se incluye un nuevo artículo 433 bis cuya finalidad es dotar de la máxima transparencia al sector público y garantizar la confianza en la veracidad de la información que refleja la situación económica de las administraciones y entidades públicas.”

Acceder al texto del Art.433 bis

TEXTO ÍNTEGRO L O 7/2012

Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. BOE 28-12-2012

PREÁMBULO

El Código Penal, tal y como señala la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, tutela los valores y principios básicos de la convivencia social, y su contenido debe ser ajustado a los cambios y a las nuevas necesidades de la actual situación.

El eje de los criterios que inspiran la presente reforma se corresponde con el reforzamiento de la transparencia de la actividad de la administración y del régimen de responsabilidad de partidos políticos y sindicatos, a los que se incluye dentro del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas del que, hasta ahora, estaban excluidos; y, de otra, con la mejora de la eficacia de los instrumentos de control de los ingresos y del gasto público, que se revela como un elemento imprescindible del conjunto de medidas adoptadas con motivo de la crisis económica, especialmente severa en el ámbito europeo, y más en concreto en el caso español, así como con la necesidad de acompañar las mismas de las reformas necesarias en los sectores o actividades económicas afectadas; actividades económicas en las que, por otro lado, existe una mayor percepción del fraude y que son precisamente donde deben adoptarse las reformas penales concretas.

A tal efecto, en el ámbito penal se hace necesaria una profunda revisión de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, regulados en el Título XIV del Código Penal. Los objetivos de la reforma en el ámbito tributario son: la creación de un tipo agravado que ofrezca respuesta a los fraudes de especial gravedad y que eleve la pena de prisión hasta una duración máxima de seis años, lo que a su vez determina que el plazo de prescripción de las infracciones más graves sea de diez años; posibilitar la persecución de las tramas organizadas de fraude fiscal mediante la facilitación de la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima de defraudación; incrementar las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada evitando la paralización del procedimiento administrativo por el proceso penal; introducir mejoras técnicas en la regulación de las defraudaciones a la Hacienda y a los Presupuestos de la Unión Europea; evitar la denuncia ante los Juzgados de aquellos obligados tributarios que han regularizado, de forma completa y voluntaria, su situación tributaria. También se prevén mecanismos para rebajar la pena para aquellos imputados que, una vez iniciado el proceso penal, satisfagan la deuda tributaria o colaboren en la investigación judicial.

La reforma que se lleva a cabo en los delitos contra la Seguridad Social afecta al tipo básico para reducir la cuantía a partir de la cual la infracción es constitutiva de delito y facilitar las regularizaciones. Con un esquema semejante al utilizado para la regulación del delito fiscal, se introduce un tipo agravado que permite la persecución de tramas societarias tras las cuales se oculta el verdadero empresario para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores. Paralelamente, se introduce un tipo específico para la penalización de las defraudaciones en prestaciones del Sistema de la Seguridad Social mediante un tratamiento penal diferenciado de la obtención fraudulenta de ayudas y subvenciones que ofrece una respuesta eficaz frente a los supuestos de fraude con grave quebranto para el patrimonio de la Seguridad Social. También en este caso se prevé un tipo agravado con el que se hace frente a las nuevas formas de organización delictiva dedicadas a estas actividades o propiciatorias de las mismas, empresas ficticias creadas con el único fin de obtener prestaciones del Sistema.

También se lleva a cabo una modificación de los delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en el Título XV del Código Penal, para sancionar a quienes incumplen de forma grave la normativa laboral con conductas que además suponen una injusta competencia desleal con respecto a las empresas, emprendedores y trabajadores autónomos, que sí sean cumplidores de sus obligaciones legales.

Por último, dentro del conjunto de medidas propuestas para dotar de transparencia al sector público y fortalecer la confianza en las instituciones públicas, se establece un nuevo tipo penal para sancionar las conductas de ocultación, simulación y falseamiento de las cuentas públicas.

II

En primer lugar, se modifica la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la finalidad de incluir a partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad, suprimiendo la referencia a los mismos que hasta ahora se contenía en la excepción regulada en el apartado 5 del artículo 31 bis del Código Penal. De este modo se supera la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política que trasladaba la anterior regulación, y se extiende a ellos, en los supuestos previstos por la ley, la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos.

III

 En segundo lugar, se efectúan mejoras técnicas en la tipificación de los delitos contra la Hacienda Pública en el artículo 305 del Código Penal, que tienen por objeto facilitar la persecución de estos delitos y corregir algunas deficiencias advertidas en su aplicación.

Una primera modificación ha consistido en configurar la regularización de la situación tributaria como el verdadero reverso del delito de manera que, con la regularización, resulte neutralizado no sólo el desvalor de la acción, con una declaración completa y veraz, sino también el desvalor del resultado mediante el pago completo de la deuda tributaria y no solamente de la cuota tributaria como ocurre actualmente.

Esta nueva configuración de la regularización hace que ésta guarde una relación de equivalencia práctica con el pago tempestivo del impuesto, tal y como han destacado tanto la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Supremo, que de forma muy expresiva se han referido a la regularización como el pleno retorno a la legalidad que pone fin a la lesión provisional del bien jurídico protegido producida por la defraudación consumada con el inicial incumplimiento de las obligaciones tributarias.

En coherencia con esta nueva configuración legal de la regularización tributaria como el reverso del delito que neutraliza completamente el desvalor de la conducta y el desvalor del resultado, se considera que la regularización de la situación tributaria hace desaparecer el injusto derivado del inicial incumplimiento de la obligación tributaria y así se refleja en la nueva redacción del tipo delictivo que anuda a ese retorno a la legalidad la desaparición del reproche penal. Esta modificación se complementa con la del apartado 4 relativa a la regularización suprimiendo las menciones que la conceptuaban como una excusa absolutoria.

Se introduce un nuevo apartado que permite a la Administración Tributaria continuar con el procedimiento administrativo de cobro de la deuda tributaria pese a la pendencia del proceso penal. Con esta reforma se trata de eliminar situaciones de privilegio y situar al presunto delincuente en la misma posición que cualquier otro deudor tributario, y al tiempo se incrementa la eficacia de la actuación de control de la Administración: la sola pendencia del proceso judicial no paraliza la acción de cobro pero podrá paralizarla el Juez siempre que el pago de la deuda se garantice o que el Juez considere que se podrían producir daños de imposible o difícil reparación. Y también se atiende una exigencia del ordenamiento comunitario, ya que las autoridades comunitarias vienen reclamando a España una reforma de su sistema legal para que la existencia del proceso penal no paralice la acción de cobro de las deudas tributarias que constituyan recursos propios de la Unión Europea.

Con relación a la determinación de la cuota tributaria defraudada, la reforma introduce dos modificaciones relevantes. De una parte, aclara que la cuantía defraudada en el ámbito de ingresos de la Hacienda de la Unión Europea se determinará por relación al año natural. De otra parte, se introduce una regla especial para poder perseguir las tramas de criminalidad organizada de forma inmediata desde el momento en el que la defraudación supere la cuantía mínima determinante del delito.

Se prevé también una atenuación de la pena cuando los presuntos responsables de los delitos reconocen su comisión y satisfacen íntegramente la deuda tributaria o bien colaboran con las Autoridades para la averiguación de los hechos y, en su caso, la identificación o captura de otros responsables, siempre y cuando tal reconocimiento, pago y cooperación se produzcan en un breve lapso de tiempo.

También dentro de los delitos contra la Hacienda Pública, se prevé un nuevo tipo agravado en el artículo 305 bis para tipificar las conductas de mayor gravedad o de mayor complejidad en su descubrimiento, que se sancionan con una pena máxima de seis años, lo que, por aplicación del artículo 131 del Código Penal, llevaría aparejado el aumento del plazo de prescripción a diez años para dificultar la impunidad de estas conductas graves por el paso del tiempo. Se consideran supuestos agravados aquellos en los que la cuantía de la cuota defraudada supere los seiscientos mil euros, límite cuantitativo apuntado por la jurisprudencia; aquellos en los que la defraudación se comete en el seno de una organización o de un grupo criminal; o en los que la utilización de personas, negocios, instrumentos o territorios dificulte la determinación de la identidad o patrimonio del verdadero obligado tributario o responsable del delito o la cuantía defraudada. Con la referencia expresa a paraísos fiscales y territorios de nula tributación se dota de mayor certeza y seguridad jurídica al precepto toda vez que se trata de conceptos ya definidos en la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

Además, se modifica la redacción del artículo 306 del Código Penal para aclarar la diferencia de la conducta típica con la prevista en el apartado 3 del artículo 305, y para refundir los actuales artículos 306 y 309 en un solo precepto. Los casos en los que la defraudación no alcance los cincuenta mil euros pero supere los cuatro mil euros son castigados como delitos en el apartado 3 del artículo 305 y en el artículo 306, desapareciendo la tipificación como falta de los actuales artículos 627 y 628.

Por último, se modifica el artículo 310 bis del Código Penal debido a la necesidad de armonizar la penalidad impuesta a las personas jurídicas responsables de delitos contra la Hacienda Pública, con la ya prevista para las personas físicas responsables de los mismos delitos, de suerte que, de un lado, se introduce en la letra b) la pena de multa del doble al cuádruple en los supuestos agravados cuya regulación se propone en el nuevo artículo 305 bis y, de otro lado, se añade un nuevo segundo párrafo en el que se prevé la imposición a las personas jurídicas responsables de estos delitos de las penas que la letra f), del apartado 7 del artículo 33 prevé con carácter general y que ya el apartado 1 del artículo 305 impone para las personas físicas.

IV

En cuanto a los delitos contra la Seguridad Social, se reforma el artículo 307 del Código Penal a los efectos de reducir a cincuenta mil euros la cuantía que establece el tipo delictivo como condición objetiva de punibilidad. La fijación del límite debe hacerse conforme a criterios económicos, políticos y sociales. La realidad social y económica actual pone de relieve la necesidad de actuar, con mayor contundencia, frente a las conductas presuntamente delictivas y tramas organizadas que ponen en peligro la sostenibilidad financiera del Sistema de la Seguridad Social. La reducción de la cuantía del tipo delictivo permite que sean objeto de punibilidad penal hechos que actualmente sólo son sancionables administrativamente y que son objeto de un contundente reproche social en momentos de especial dificultad económica en el ámbito empresarial como los actuales.

En la práctica se dan supuestos en los que se interpreta que no existe delito contra la Seguridad Social por el mero hecho de que se hayan presentado los documentos de cotización, sin entrar a valorar si son veraces y completos. También es frecuente que en los supuestos de defraudación en los que intervienen personas interpuestas, precisamente, la presentación de documentos de cotización aparentemente correctos forma parte del engaño. Por ello, se ha añadido un último inciso para aclarar que la mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación si ésta queda acreditada por otros hechos. El inciso no supone modificación conceptual alguna, sino que trata de fijar la interpretación auténtica de la norma.

El inciso se ha incluido también en el artículo 305 referido al delito contra la Hacienda Pública para evitar que su ausencia pudiera interpretarse en el sentido de que la mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones excluye en todo caso la defraudación.

Se introduce, igualmente, un nuevo tipo agravado en supuestos de conductas especialmente graves por la cuantía eludida u otras circunstancias concurrentes de especial entidad, como la utilización de sociedades o personas interpuestas para ocultar los verdaderos responsables del pago de las cuotas de Seguridad Social, y que justifican un mayor reproche penal. La agravación de la pena lleva aparejada la ampliación del periodo de prescripción del delito, fundamental en estos casos por su complejidad de difícil y tardía detección, y que con la ampliación de la pena máxima a seis años de prisión, uno más al actualmente vigente, amplía el plazo de prescripción a diez años.

Tanto para el tipo ordinario como para el agravado se ha considerado procedente recoger de modo expreso la imposición al responsable de las penas accesorias de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cuya duración variará en atención a la gravedad del tipo.

De forma paralela al delito contra la Hacienda Pública, se configura la regularización de la situación ante la Seguridad Social como el reverso del delito que neutraliza completamente el desvalor de la conducta y el desvalor del resultado, de modo que hace desaparecer el carácter delictivo del inicial incumplimiento de la obligación con la Seguridad Social.

También se modifica el artículo 308 del Código Penal relativo al fraude de ayudas o subvenciones de las Administraciones Públicas o de la Seguridad Social. Debido al antiguo concepto de subvención y a determinadas interpretaciones jurisprudenciales, se ha llegado a considerar como subvención a la prestación y al subsidio de desempleo. Con ello, se ha entendido que en estos casos sólo existía defraudación cuando la cuantía superaba la cifra de ciento veinte mil euros, quedando despenalizados los demás casos. Por ello, se reforma el artículo 308 del Código Penal para mantener dentro de la regulación del fraude de subvenciones únicamente las ayudas y subvenciones de las Administraciones Públicas cuando la cuantía supere la cifra de ciento veinte mil euros. Cuando se trate de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, los comportamientos defraudatorios se tipifican en un nuevo precepto, el artículo 307 ter, que los castiga con una penalidad ajustada a la gravedad del hecho: prisión de seis meses a tres años en los supuestos ordinarios; multa del tanto al séxtuplo en los casos que no revistan especial gravedad; y prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo en los supuestos agravados. En todos los casos se prevé además la imposición al responsable de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Esta solución permite dar un mejor tratamiento penal a las conductas fraudulentas contra la Seguridad Social, y evita el riesgo de impunidad de aquellos fraudes graves que hasta ahora no superaban el límite cuantitativo establecido.

El artículo 307 ter, en el tratamiento específico que realiza de estas conductas fraudulentas, viene también a facilitar la persecución de las nuevas tramas organizadas de fraude contra la Seguridad Social que, mediante la creación de empresas ficticias, tienen por único fin la obtención de prestaciones del Sistema con la consiguiente agravación de la pena.

V

La actual configuración del delito contra los derechos de los trabajadores contenido en el artículo 311 del Código Penal, en atención a los elementos subjetivos requeridos para la concurrencia del ilícito, dificulta la aplicación del tipo penal a la hora de exigir responsabilidades a quienes, de forma colectiva, están incumpliendo las obligaciones que les corresponden en relación con el aseguramiento obligatorio, o a propósito de las preceptivas autorizaciones para trabajar de aquellos a los que ocupan en su actividad empresarial.

Quien, de forma masiva o colectiva, recurre a la utilización de trabajadores sin haber formalizado su incorporación al Sistema de la Seguridad Social que les corresponda, o sin haber obtenido la preceptiva autorización para trabajar en el caso de los extranjeros que lo precisen, debe merecer el correspondiente reproche penal.

Los perjuicios ocasionados por estas conductas son evidentes. Por un lado, la negación de los derechos que en materia de Seguridad Social puedan corresponder a los trabajadores por el periodo en el que prestan sus servicios de forma irregular. Por otro, los perniciosos efectos que presenta para las relaciones económicas y empresariales el hecho de que haya quienes producen bienes y servicios a unos costes laborales muy inferiores a los que han de soportar aquellos otros que lo hacen cumpliendo con sus obligaciones legales en la materia, lo que distorsiona la competitividad y desincentiva la iniciativa empresarial.

Si la conducta es grave en todo caso, y por ello ya se condena como tal en el ámbito administrativo, la sanción penal se hace depender de un determinado número de trabajadores ocupados y afectados, en consonancia con la limitación del reproche punitivo a los comportamientos más graves.

La propia gravedad de estas conductas motiva que la sanción se amplíe hasta la posible imposición de una pena máxima de seis años de prisión, lo que de nuevo permite incrementar el plazo de prescripción hasta los diez años.

VI

Se modifica el artículo 398 del Código Penal para excluir del tipo a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. No es infrecuente la falsificación de los certificados de situación de cotización por las empresas deudoras de la Seguridad Social que, como contratistas o subcontratistas, remiten a las empresas principales o contratistas en el marco de la relación jurídica de las contratas o subcontratas. Existiendo un tipo penal propio de falsedad de certificados, surgía la duda de si debían calificarse estas conductas como falsedad en documento oficial cometido por particulares, o como falsedad de certificados cometido por particulares. Se ha estimado conveniente una nueva redacción del artículo 398 al que se remite el artículo 399 del Código Penal, que restrinja su aplicación a la falsedad de certificados de menor trascendencia y que excluya expresamente todo certificado relativo a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, dada la trascendencia en el tráfico jurídico de certificados falsos en el ámbito tributario y de la Seguridad Social.

VII

Finalmente, se incluye un nuevo artículo 433 bis cuya finalidad es dotar de la máxima transparencia al sector público y garantizar la confianza en la veracidad de la información que refleja la situación económica de las administraciones y entidades públicas.

Con esta finalidad se sanciona a la autoridad o funcionario público que falsee la contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica, cuando ello se lleve a cabo de un modo idóneo para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa. La norma incorpora una regla que soluciona los problemas de posible concurso de este delito con el de falsedad documental, de aplicación preferente, y será por ello en particular aplicable a la falsificación y mendacidad de documentos internos que, sin embargo, son relevantes para la adopción de decisiones de trascendencia económica.

Asimismo, se tipifica el falseamiento de la información de relevancia económica que no forma inicialmente parte de un documento, pero que encuentra reflejo posterior en el mismo. De este modo se solucionan los problemas de tipicidad que pueden plantearse cuando el autor no emite el documento falso, sino que se limita a introducir la información mendaz que luego queda incorporada a un soporte documental escrito o de otra naturaleza.

Y, con la misma finalidad, se tipifica la facilitación de esa información mendaz a terceros, cuando tal conducta resulta idónea para causar un perjuicio económico a la Administración.

Todas estas conductas, en la medida en que no se trate de supuestos de falsificación de documentos públicos u oficiales –castigados por los artículos 390 y 393 del Código Penal– se castigan con penas de multa e inhabilitación, y pena de prisión en el supuesto de causación efectiva del perjuicio económico.

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el párrafo primero del apartado 5 del artículo 31 bis, que queda redactado como sigue:

«5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

(…)»

Dos. El artículo 305 queda redactado del siguiente modo:

«1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo.

La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior:

a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el apartado 1.

b) En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.

3. Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este artículo se cometan contra la Hacienda de la Unión Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de cincuenta mil euros en el plazo de un año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado.

Si la cuantía defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.

4. Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.

La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.

5. Cuando la Administración Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública.

La liquidación indicada en primer lugar en el párrafo anterior seguirá la tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios de toda liquidación tributaria. Y la liquidación que en su caso derive de aquellos conceptos y cuantías que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública seguirá la tramitación que al efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal.

La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la Administración Tributaria podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía. Si no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

6. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.

7. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la citada Ley.»

Tres. Se añade el artículo 305 bis, que queda redactado del siguiente modo:

«1. El delito contra la Hacienda Pública será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudación se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros.

b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.

c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.

2. A los supuestos descritos en el presente artículo les serán de aplicación todas las restantes previsiones contenidas en el artículo 305.

En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años.»

Cuatro. El artículo 306 queda redactado del siguiente modo:

«El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil euros, eludiendo, fuera de los casos contemplados en el apartado 3 del artículo 305, el pago de cantidades que se deban ingresar, dando a los fondos obtenidos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.

Si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.»

Cinco. El artículo 307 queda redactado del siguiente modo:

«1. El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo que hubiere regularizado su situación ante la Seguridad Social en los términos del apartado 3 del presente artículo.

La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior se estará al importe total defraudado durante cuatro años naturales.

3. Se considerará regularizada la situación ante la Seguridad Social cuando se haya procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de la deuda antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior, resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas ante la Seguridad Social una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.

La regularización de la situación ante la Seguridad Social impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

4. La existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda contraída con la Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa prestación de garantía. En el caso de que no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, el Juez, con carácter excepcional, podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de las garantías, en el caso de que apreciara que la ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. La liquidación administrativa se ajustará finalmente a lo que se decida en el proceso penal.

5. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado frente a la Seguridad Social o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda con la Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del deudor a la Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o de otros responsables del delito.

6. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.»

Seis. Se introduce un nuevo 307 bis, que queda redactado del siguiente modo:

«1. El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando en la comisión del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros.

b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.

c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito.

2. A los supuestos descritos en el presente artículo le serán de aplicación todas las restantes previsiones contenidas en el artículo 307.

3. En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años.»

Siete. Se introduce un nuevo artículo 307 ter, con la siguiente redacción:

«1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.

Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

2. Cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias a que se refieren las letras b) o c) del apartado 1 del artículo 307 bis, se impondrá una pena de prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo.

En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años.

3. Quedará exento de responsabilidad criminal en relación con las conductas descritas en los apartados anteriores el que reintegre una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección y control en relación con las mismas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a las prestaciones defraudadas objeto de reintegro, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

4. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las prestaciones indebidamente obtenidas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.

El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración competente, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

5. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.

6. Resultará aplicable a los supuestos regulados en este artículo lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 307 del Código Penal.»

Ocho. El artículo 308 queda redactado del siguiente modo:

«1. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo.

2. Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo.

3. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.

4. Para la determinación de la cantidad defraudada se estará al año natural y deberá tratarse de subvenciones o ayudas obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas administraciones o entidades públicas.

5. Se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1 y 2 cuando por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento en que las percibió, y se lleve a cabo antes de que se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación o control en relación con dichas subvenciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. El reintegro impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

6. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.

El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

7. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado al reintegro o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado o del responsable del delito.»

Nueve. El artículo 310 bis queda redactado del siguiente modo:

«Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.

b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.

Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del artículo 33.»

Diez. El artículo 311 queda redactado del siguiente modo:

«Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses:

1.º Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

2.º Los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos de:

a) el veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien trabajadores,

b) el cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez trabajadores y no más de cien, o

c) la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cinco y no más de diez trabajadores.

3.º Los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro.

4.º Si las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.»

Once. El artículo 398 queda redactado del siguiente modo:

«La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos años.

Este precepto no será aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.»

Doce. Se añade el artículo 433 bis, que queda redactado del siguiente modo:

«1. La autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, y fuera de los supuestos previstos en el artículo 390, falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público, que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior.

3. Si se llegare a causar el perjuicio económico a la entidad, se impondrán las penas de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.»

Disposición adicional única. Efectos de la declaración tributaria especial.

Se entenderán declaradas dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo respecto de cada período impositivo en el que deban imputarse, las rentas inicialmente no declaradas regularizadas a través de la declaración tributaria especial prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.

Disposición derogatoria única.

1. Quedan derogados los artículos 309, 627 y 628 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en esta Ley Orgánica.

Disposición final primera. Adecuación de las causas de inelegibilidad

Las causas de inelegibilidad contenidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General se adecuarán, mediante la oportuna modificación legislativa, a las derivadas de las infracciones que en materia de buen gobierno se incluyan, en su caso, en normas de rango legal.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado.»

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 27 de diciembre de 2012.

 

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