Reforma de la Negociación Colectiva

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, el Real Decreto-Ley para la reforma de la negociación colectiva.

Esta decisión se enmarca dentro del proceso de reformas estructurales que está abordando el Gobierno de España y pretende dar respuesta a la necesidad de mejorar y modernizar el sistema de negociación colectiva.

El Gobierno elabora este Real Decreto-Ley tras ampliar el tiempo de negociación entre las organizaciones sindicales y empresariales que marcaba la Reforma Laboral, con el convencimiento expresado de que lo deseable hubiese sido una reforma pactada por los protagonistas de la negociación colectiva.

Ante la falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios, el Gobierno ha buscado una reforma profunda, avanzada y equilibrada, teniendo en cuenta las posturas expresadas por los protagonistas de la negociación colectiva.

El Real Decreto-Ley aprobado pretende introducir mayor flexibilidad interna en las empresas, de forma que cuando sufran cambios o atraviesen situaciones de dificultad, sea posible su adaptación a las nuevas condiciones, con el objetivo de mantener el empleo, en lugar de ir al despido, como sucede ahora.

También busca que los trabajadores puedan tener mayor participación en esa flexibilidad interna y aumentar con ello la seguridad sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como agilizar la negociación de los convenios.

PRINCIPALES NOVEDADES

Se da prioridad a la aplicación del convenio de empresa en relación al sectorial en aspectos como salario base y complementos salariales; retribución de horas extras y de trabajo a turnos; horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos y planificación de vacaciones; adaptación de la clasificación profesional; adaptación de las modalidades de contratación; y medidas para la conciliación de vida y trabajo.

Estos cambios aumentan la capacidad de la negociación colectiva en la empresa para potenciar la flexibilidad interna y adaptar las condiciones laborales a las circunstancias específicas y concretas de las empresas.

Por otro lado, la capacidad de ordenar la negociación colectiva se reserva a los convenios sectoriales estatales y de Comunidad Autónoma, dejándose de reconocer ese papel a los convenios provinciales

Otro importante elemento de modernización que introduce la reforma es reconocer por Ley la capacidad de negociación colectiva en los grupos de empresas, permitiendo así dar cauce en esta materia a las nuevas realidades empresariales.

Con el objetivo de agilizar y dinamizar la negociación de los convenios, desarrolla una nueva dinámica negocial respecto a la vigencia de los mismos:

  • Preaviso de denuncia de tres meses antes de finalizar la vigencia.
  • Plazo de un mes para el inicio de negociación de un nuevo convenio desde la denuncia del anterior.
  • Plazo de entre 8 y 14 meses para la negociación de un nuevo convenio.
  • Compromiso de sometimiento a mecanismos de mediación y arbitraje, si no hay acuerdo transcurrido ese plazo, con el objetivo de solucionar las discrepancias surgidas.

La reforma de la negociación colectiva facilita la solución extrajudicial de los conflictos, favoreciendo con ello la paz social y una aplicación ágil y eficaz de las medidas.

Asimismo, se aumenta la capacidad de actuación de las Comisiones Paritarias, compuestas por la representación de los trabajadores y la empresa y que son los encargados de negociar los convenios y su correcta aplicación posterior, con la finalidad de lograr una administración de los convenios más dinámica, de manera que algunas de sus materias pueden ser modificadas de forma consensuada y paritaria.

Más facilidades para los descuelgues salariales

La reforma laboral decretada por el Gobierno en 2010 ya facilitó las condiciones para que las empresas pudieran no aplicar el régimen salarial previsto en sus convenios colectivos de ámbito superior. Si bien el texto se limitaba a permitir este denominado descuelgue salarial, con el acuerdo de la empresa y los representantes de sus trabajadores, “cuando la situación y perspectivas económicas de la compañía pudieran verse dañadas como consecuencia de la aplicación salarial, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo”.

Disminución de ingresos

Los técnicos de Trabajo han concretado algo más esta circunstancia en el decreto-ley de reforma de la negociación colectiva al precisar que la empresa podrá plantear la inaplicación del régimen salarial previsto cuando la compañía tenga “una disminución persistente de su nivel de ingresos o su situación y perspectivas económicas pudieran verse afectadas negativamente, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo” como consecuencia de tal aplicación retributiva. Se trata de una redacción más específica que facilitará al empresario recurrir a los descuelgues al ampliar las consecuencias negativas previstas de su aplicación.

Por otra parte, antes del 31 de diciembre de 2011, la norma aprobada el viernes obliga al Gobierno, “previa consulta y negociación con las organizaciones sindicales y empresariales”, a adoptar medidas para mejorar las estadísticas sobre convenios y el conocimiento de la negociación colectiva y, en consecuencia, su funcionamiento. Además Trabajo deberá crear antes del 10 de julio un grupo de trabajo con patronal y sindicatos que mejore la información pública sobre convenios antes de fin de año.