DERIVACION DE RESPONSABILIDAD A LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES.

Septiembre 2011

Circular Informativa  

DEPARTAMENTO JURIDICO / CONTABLE

DERIVACION DE RESPONSABILIDAD A LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES. 

A este respecto es importante el CRITERIO TÉCNICO num. 89/2011, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre derivación de responsabilidad a los administradores de sociedades mercantiles en materia de deudas por cuotas de seguridad social.

El precepto legal que autoriza la derivación de responsabilidad a los administradores por las deudas sociales es el Art. 367.1. dela Leyde Sociedades de Capital.

Dispone su primer apartado lo siguiente:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

Consecuentemente, la derivación de responsabilidad a los administradores solo procede cuando, una vez acreditada la existencia de causa legal de disolución, éstos hayan incumplido las obligaciones establecidas con carácter alternativo en los Art. 365 y 366 dela LSC (deber de convocatoria de junta  y disolución judicial).

Esto es:

a) Convocarla JuntaGeneralpara que adopte el acuerdo de disolución ( o el concurso, si además existe situación de insolvencia). Plazo: dos meses desde que hubieran conocido o hubieran podido conocer la causa legal de disolución, o bien

b) Solicitar la disolución judicial (o el concurso, en caso de insolvencia) cuando la junta no se haya constituido o cuando su acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o concurso. Plazo: Dos meses a contar desde la fecha en la que hubiera debido celebrarse la junta, o desde la fecha de la junta si el acuerdo de ésta hubiera sido contrario a la disolución o el concurso.

A este respecto, es importante señalar que una de las causas de disolución prevista en el Art. 363 dela LSC es “por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que este se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso”.

Las deudas objeto de derivación de responsabilidad vienen definidas en el  apartado 2 del mencionado Art. 367, que dispone en su apartado 2 lo siguiente:

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

Relacionado con esta temática la Audiencia Provincial de Murcia ha declarado en una sentencia que el administrador de una sociedad deberá pagar con sus propios bienes la deuda que contrajo con una sociedad al no haberse preocupado de liquidarla cuando la misma quedó en estado de insolvencia.

La sentencia confirma la resolución dictada en diciembre de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil número dos de Murcia, que condenó al demandado y a su esposa a pagar a la empresa “Plásticos Sierra del Oro” 11.600 euros, importe de la deuda contraída.

La Audienciacoincide con el Juzgado de lo Mercantil en que el demandado, administrador de la sociedad “A. S.L.”, debe ser declarado responsable solidario por deudas sociales.

El tribunal afirma que “ya desde el ejercicio de 2007 la mercantil “A., S.L.” se encontraba en un claro proceso de deterioro de su actividad, generando pérdidas, lo que resultaba de evidente conocimiento por parte de su administrador único”.

Añade que “la sociedad no obstante dicha situación continuó generando nuevas deudas y, en concreto, las derivadas de su relación con “Plásticos Sierra del Oro”, concretadas en los suministros de mercancía correspondiente a los meses de marzo y mayo de 2008, por importe de 11.600 euros”.

La sentencia concluye que “cuando esta deuda se generó, la sociedad demandada se hallaba inmersa en una situación de insolvencia, con claro incremento de pérdidas que el administrador social estaba obligado a conocer y, a su vez, a adoptar las medidas legales adecuadas al respecto”.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente.

Marimon Assessors, SL